República Dominicana asciende al Nivel 2 por sus avances en la lucha contra la trata de personas
La República Dominicana registró avances importantes en el combate contra la trata de personas, al ascender al Nivel 2 en el más reciente informe sobre esta problemática publicado por la Embajada de Estados Unidos en el país.
Entre las principales acciones destacadas figura la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito y Trata de Personas, con el propósito de eliminar la exigencia de demostrar fuerza, fraude o coacción en casos de trata que involucren a menores de edad, adecuando la legislación dominicana a los estándares internacionales, especialmente en situaciones de explotación sexual.
Asimismo, las autoridades aprobaron y asignaron recursos del presupuesto nacional al Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. También se estableció, mediante la Resolución núm. 13-2024, un procedimiento para facilitar la entrega de tarjetas de identificación a personas apátridas. Durante la reforma legislativa se consultó a representantes de la sociedad civil y a sobrevivientes de trata.
A estas medidas se suma la aplicación del artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que contempla penas de 20 a 30 años de prisión para quienes entreguen o exploten a menores de 18 años en las circunstancias previstas por esa disposición.
En materia judicial, el informe destaca el inicio de 229 investigaciones por trata de personas y el procesamiento de 50 sospechosos conforme a la legislación especial. También se investigó a ocho funcionarios presuntamente implicados en estos delitos y se iniciaron procesos judiciales contra tres de ellos, incluidos miembros de los organismos de seguridad.
En cuanto a la prevención y supervisión laboral, el Ministerio de Trabajo intensificó las inspecciones en sectores considerados vulnerables, como la agricultura, la construcción y la industria azucarera, alcanzando un total de 1,050 inspecciones. Como resultado, se suspendieron las operaciones de 11 empresas privadas tras detectarse indicios de trabajo forzoso.
Paralelamente, un programa piloto de registro migratorio permitió formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales, una iniciativa orientada a disminuir su vulnerabilidad y favorecer condiciones que protejan su libertad de movimiento.
Los esfuerzos de atención a las víctimas también arrojaron resultados relevantes: las autoridades identificaron a 136 personas como víctimas de trata, de las cuales 134 recibieron asistencia integral financiada por el Estado. Los servicios incluyeron atención médica y psicológica, asesoría jurídica y traducción.
La Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el Conani continuaron trabajando de manera coordinada en la operación de refugios especializados y en la protección de víctimas y testigos durante los procesos judiciales. Estas acciones se complementaron con campañas preventivas en varios idiomas y capacitaciones permanentes para el personal encargado de hacer cumplir la ley.
