Promulgan Ley 25-26 que crea “Alertas RD” para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas
El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, una normativa que establece el sistema “Alertas RD”, diseñado para agilizar la localización de personas desaparecidas en la República Dominicana mediante mecanismos de respuesta rápida y coordinación interinstitucional.
La legislación crea un marco jurídico que permitirá la difusión masiva, inmediata y en tiempo real de información relacionada con desapariciones, integrando a instituciones públicas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda.
La nueva ley dispone que la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán evaluar las denuncias y activar las alertas de manera conjunta en un plazo no mayor de 24 horas desde el reporte de desaparición o situación de riesgo.
Además, establece diferentes categorías de alerta según las características de la persona desaparecida:
🔸 Alerta Amber: Para niños, niñas y adolescentes desaparecidos o sustraídos.
🔸 Alerta Silver: Dirigida a la búsqueda de adultos mayores de 65 años.
🔸 Alerta Azul: Aplicable a personas con discapacidad física o mental.
🔸 Alerta Rosa: Diseñada para casos de mujeres desaparecidas en contextos de violencia de género o trata de personas.
Las alertas tendrán una vigencia inicial de cinco días, con posibilidad de prórroga cuando las circunstancias lo requieran, y serán difundidas a través de redes sociales, medios de comunicación, terminales de transporte, plataformas digitales y boletines oficiales.
La normativa también crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada administrada por la Policía Nacional que permitirá el intercambio de información entre instituciones y ofrecerá una plataforma de consulta pública con datos relevantes para facilitar las labores de búsqueda.
Asimismo, se establece el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, con participación de diversas entidades estatales vinculadas a la seguridad, protección social, salud y atención de grupos vulnerables.
La ley contempla además sanciones para funcionarios públicos que incumplan los protocolos establecidos, oculten información o dificulten los procedimientos relacionados con la activación y seguimiento de las alertas.
Con esta iniciativa, el Estado dominicano busca fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar una respuesta
