Abinader crea Comisión de Veeduría Ciudadana para fortalecer la transparencia en DO Sostenible
El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 498-26, mediante el cual crea la Comisión de Veeduría Ciudadana del Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible), con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la administración de los recursos destinados al manejo integral de los residuos sólidos.
La disposición se fundamenta en los principios de transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana, así como en las disposiciones de las leyes 200-04, 28-23 y 225-20, que regulan el acceso a la información, los fideicomisos públicos y la gestión integral de residuos sólidos.
El decreto resalta que una gestión eficiente y transparente de los recursos administrados por DO Sostenible contribuye a la protección del medio ambiente, la salud de la población y al desarrollo de un sistema de manejo de residuos más sostenible.
La nueva comisión tendrá un carácter consultivo y honorífico, sin sustituir las funciones del Consejo del Fideicomiso ni de los organismos de control del Estado. Estará coordinada por Alliet Ortega e integrada por Manuel García Arévalo, Giselle Pérez Reyes, Roberto Despradel Catrain y Ruth de los Santos, quienes fueron seleccionados por su independencia, solvencia moral y ausencia de conflictos de interés.
Entre sus principales responsabilidades estarán supervisar la ejecución física y financiera de los programas financiados por DO Sostenible, verificar el uso adecuado de los recursos, solicitar información para el cumplimiento de sus funciones, recibir observaciones de la ciudadanía y elaborar informes periódicos, incluyendo un informe anual que será publicado en la página web del fideicomiso.
Además, la comisión podrá presentar recomendaciones orientadas a fortalecer la integridad institucional, la transparencia y la mejora continua de la gestión.
El decreto también establece que todos los integrantes deberán firmar un compromiso ético antes de asumir sus funciones, declarando su independencia, la inexistencia de conflictos de interés y el cumplimiento del deber de confidencialidad.
